Camino y patrimonio

En un 2010 que se presenta de lo más adverso, la celebración del año jacobeo constituye un factor económico nada desdeñable para una comunidad como Castilla y León, atravesada de extremo a extremo por el camino francés. Como era de cajón, la Junta ha elegido el Camino de Santiago -”en realidad los caminos, ya que se contabilizan hasta once rutas jacobeas diferentes-” como motivo central de la campaña turística a presentar en Fitur. La afluencia de peregrinos a Santiago seguramente no alcanzará las exageradas previsiones oficiales, que hablan de 200.000 caminantes, pero es fácil que se duplique la cifra de los que en un año normal pasan por Astorga, confluencia de nueve rutas adyacentes al itinerario francés. El Camino ni de lejos tiene para Castilla y León el peso económico que representa para Galicia, donde se esperan entre 8 y 10 millones de visitantes que se dejarán notar en su PIB. Pero nadie duda de que la ruta jacobea constituye un recurso cultural y turístico de primerísima magnitud que no siempre hemos sabido poner en valor en esta comunidad autónoma.

La Consejería de Cultura dedicará este año 226 millones de euros a actuaciones relacionadas con el Camino, desde su promoción turística a la restauración de algunos de sus monumentos más significativos, pasando por un programa de actividades culturales y lúdicas. Habida cuenta del drástico recorte presupuestario sufrido por dicha Consejería, el esfuerzo es muy notable. Lo lamentable es que no se trate de un esfuerzo adicional, sino que haya sido en parte en detrimento de los fondos dedicados al patrimonio cultural en el conjunto de la comunidad.

Hace al caso recordar que Castilla y León encabeza el ranking de la lista roja del patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra, con un total de 115 monumentos en serio peligro de desaparición o destrucción. Valga como ejemplo la antigua fortaleza medieval de Castrotorafe, declarada monumento nacional en 1931, uno de cuyos cubos se ha desmoronado recientemente. Sabido es que el Presupuesto entero de la Junta sería insuficiente para recuperar y conservar nuestro inmenso patrimonio monumental. Pero descorazona saber que esa «lista roja» se amplía año a año (en el 2008 era de 102 monumentos). Por eso, ante tal insuficiencia de recursos para atender un legado considerado como valor esencial y seña de identidad de la comunidad autónoma, resulta inconcebible que en el 2010 la Junta siga sin aplicar el 1% cultural que figura en la Ley del Patrimonio vigente desde el 2002.

El hecho de que parte de esos monumentos sean de propiedad privada no exime a sus propietarios del deber de su conservación, principio éste de aplicación también a la Iglesia, acostumbrada a que sea el erario público el que afronte sistemáticamente el coste de mantener su patrimonio arquitectónico. Pero peor aún es que sean las propias instituciones públicas las que mantengan en situación de abandono monumentos de su propiedad (el castillo de Castrotorafe pertenece a la Diputación de Zamora) o las que perpetren agresiones contra el Patrimonio, caso del polígono industrial proyectado por el ayuntamiento de Soria sobre los vestigios arqueoló gicos del cerco romano a Numancia.

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